De las casi 84.000 condenas por delitos contra la seguridad vial que se produjeron en 2013, ni una sola lo fue contra un responsable público o una Administración Pública.

De las 94.000 condenas por delitos contra la seguridad vial que el Fiscal coordinador de seguridad vial, D. Bartolomé Vargas, prevé que se impondrán en este 2014,  no consta que ninguna lo esté siendo contra responsable público ni Administración alguna.

Según los datos oficiales, en España las únicas personas que cometen delitos contra la seguridad vial son los ciudadanos, ningún responsable público ha sido condenado hasta al fecha.

Según el fiscal interviniente en las Jornadas del 12 de junio de 2013 sobre “Responsabilidad Penal en el Ámbito de la Seguridad Vial “organizadas por SIMEPROVI, “no hay procedimientos penales contra responsables públicos ni Administraciones porque no hay denuncias contra éstos”.

En contra de lo manifestado por el referido fiscal, la AMM ha presentado del orden de una treintena de denuncias y/o expedientes en los que se pone de manifiesto ante Fiscalía de Seguridad Vial la presunta comisión de delitos contra la seguridad vial por Administraciones Públicas.

De las denuncias presentadas a Fiscalía, las que se han resuelto, lo han sido mediante archivo, las que no, directamente ni se han contestado.

¿Es realmente creíble que la eficacia de nuestra Administración Pública de carreteras sea del 100%?

¿Es creíble que no se haya cometido ni un solo delito contra la seguridad vial por parte de los responsables de carreteras desde que está vigente el artículo 385 del Código Penal?

¿Tendrá relación esta situación con el hecho de que fiscalía tenga una estructura jerárquica y que el Fiscal General del Estado sea elegido por el Gobierno, es decir por el poder político?