2. Ninguna de estas sentencias lo habrá sido contra un responsable público, todas se habrán dictado contra los ciudadanos.


3. La DGT, con una plantilla de más de 10.000 agentes de tráfico en España, ha tramitado más de 4 millones de multas en 2013; ninguna lo ha sido por infracciones contra la seguridad vial cometidos por responsables de la Administración Pública.


4. La Asociación Mutua Motera, con un equipo de 4 inspectores de carreteras, en 11 meses ha detectado más de 2.000 infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos, todas ellas cometidas por la Administración Pública. De estas 2.000, hasta la fecha han abierto 786 expedientes por más de 1.000 infracciones con más de 300 denuncias interpuestas.


5. Hasta la fecha, la Fiscalía de Seguridad Vial no ha iniciado procedimiento penal alguno contra responsables de la Administración. Los motivos alegados son que nadie les ha presentado este tipo de denuncias.


6. La AMM ha presentado denuncias ante Fiscalía de Seguridad Vial por la presunta comisión de cerca de 25 delitos contra la seguridad vial, atribuibles a responsables de la Administración Pública de carreteras. Todas las denuncias han sido archivadas o no tramitadas.


7. El Ministerio Fiscal en España es un órgano que forma parte del Poder Judicial y que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley.


8. El Ministerio Fiscal, cuya estructura de funcionamiento es jerárquica, cuenta como superior a nivel nacional al Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Gobierno, es decir, por el poder político.


9. Tenemos constancia de 3 agentes de la Guardia Civil de Tráfico que hayan denunciado a la Administración Pública por infracciones que ponen en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos: Uno de ellos, tras varios expedientes disciplinarios, fue inhabilitado y jubilado con 47 años por “padecer” un 10% de incapacidad por inadaptación a la Guardia Civil; los otros dos han sido expedientados, aunque todavía permanece en el cuerpo.


10. Existen instrucciones internas de la Guardia Civil para que los agentes de tráfico no denuncien las infracciones cometidas por la Administración Pública, aunque estas supongan un riesgo para la seguridad vial de los ciudadanos. Las ordenes consisten en que estas infracciones sean tramitadas como informe interno, no como denuncia como se hace con los ciudadanos.


11. Los agentes de tráfico no reciben formación oficial sobre normativa de infraestructura viaria.


12. Todo el esfuerzo y las campañas de la Dirección General de Tráfico se siguen centrando en la culpabilidad del ciudadano.