En un país donde la ley de tráfico indica que conducir sin puntos en el carné es un delito, y que exime de responsabilidad a las aseguradoras en caso de siniestro, la existencia de solo 240 centros de recuperación es del todo insuficiente.

El sistema del carné de conducir de puntos se puso en marcha hace ocho años y se mantiene vigente sin que haya sido cuestionado. A través de la Ley de Seguridad Vial se regularizó el sistema para impartir los cursos de recuperación de puntos para aquellos que los perdían tras cometer infracciones.

El sistema de adjudicación de estos cursos de recuperación a las autoescuelas está basado en una “concesión administrativa” mediante concurso oposición, de tal forma que Tráfico no tiene un control directo sobre los cursos, sino que se cede al adjudicatario, que en este caso es la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), durante un periodo de cinco años. El periodo finalizó en junio de 2014, pero la DGT ha decidido prorrogarlo hasta el 15 de junio del 2015.

Pero con el paso de los años y el aumento de conductores que pierden todos sus puntos, se ha comprobado que es un negocio que mueve cada vez más dinero. Si en 2008 fueron más de 18.000 los conductores que realizaron estos cursos de reciclaje con unos ingresos de 4,26 millones de euros, en 2010 la cifra asciende a 62.000 conductores y 17,32 millones.

Dada la limitada concesión a las autoescuelas, en España solo hay diez localidades con dos centros habilitados. Hay nueve ciudades de más de 200.000 habitantes con solo un centro. Pero el verdadero problema se encuentra en las poblaciones de hasta 20.000 habitantes donde solo 61 de las 900 localidades tienen un centro.

Según el Grupo Parlamentario Popular hay que corregir el actual régimen de concesión, lo que supone una restricción a la libre competencia al limitar el número de centros que pueden impartir cursos. Por este motivo se ha considerado oportuno pasar del actual régimen de concesión a un régimen de autorización previa.

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