Según Raquel Molina, concejal del Partido Popular de Villanueva de Perales: “Estamos ante una estafa de guante blanco. El Ayuntamiento ha colocado en el pueblo dos radares sin que figuren en la Dirección General de Tráfico. El dinero de las multas va a parar a una cuenta que abrió el alcalde. En ella no aparece el secretario interventor, por lo que no existe una figura objetiva que dé fe de los balances municipales a Hacienda o al Tribunal de Cuentas”.
Las cámaras ilegales están situadas junto a unos semáforos claramente mal regulados en los que “el verde dura muy pocos segundos y el ámbar solo uno”.
Desde el Consistorio alegan que la colocación de los radares obedece únicamente a la mejora de la seguridad vial. “No es una medida recaudatoria. Sabemos que en 90 días hay elecciones... y el PP está realizando una manipulación política”, replican.
De momento, el dinero de las 800 multas impuestas por los radares va a parar a una cuenta que figura a nombre del Alcalde y en el que no hay nombrado ningún secretario interventor que supervise los movimientos.
Además las multas presentan defectos de forma, pues en ellas se indica que se retirará 4 puntos del carnet. Pero al tratarse de una travesía (M-523) que compete a la Comunidad, el Ayuntamiento no tiene potestad para castigar, y puesto que la DGT podría no estar informada de la existencia de estos radares, lo puntos nunca son retirados.
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