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16 de Marzo de 2015
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FACUA rechaza `parasitar las autovías´ con un peaje

El presidente de la Seopan pretende financiar el mantenimiento de las carreteras y la construcción de nuevas vías mediante la adopción de un sistema de `peaje blando´ aplicable a las autovías. Sin embargo, desde la organización de consumidores FACUA rechazan el plan, pues considera que se pretende “parasitar las autovías”.

FACUA estima indecente la manera de garantizarse el negocio de las constructoras. Ya no solo se aspira a vivir a costa de los presupuestos del estado, sino también directamente del bolsillo de los usuarios.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, pretende que el debate sobre el pago por el uso de la vía entre en el debate para la campaña de las próximas elecciones, ante la negativa del Gobierno de hacerlo en la presente legislatura. De hecho, Julián Núñez no solo pretende generar fondos a través de la red de autovías, también quiere añadir un repago o canon en depuradoras e instalaciones portuarias.

FACUA considera escandaloso el codiciar los bolsillos de los usuarios para hacer más negocio, y apunta hacia la necesidad de mejorar la competencia en la contratación de la obra pública en España que genera un sobrecoste del 25% por cada adjudicación. El informe de la CNMC, “Análisis de la contratación pública en España” subraya que "a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año".

Autopista en quiebra

Así mismo, FACUA ha mostrado un total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los bancos (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobre datos de tráfico falsos, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías, o por obras inesperadas.

Después de que el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid haya rechazado las propuestas de convenio presentadas por Fomento, el Estado corre ahora el riesgo de tener que asumir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración por 4.500 millones de euros.

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