Hace un año, una pareja de motoristas gaditanos, Cristóbal y Maika, preparaban sus 'máquinas' para asistir en Antequera a la salida Kawasaki, una de las numerosas citas que cada año celebra este colectivo tan proclive a la confraternización. Al poco de salir en dirección a Málaga, la pareja pisó un reguero de barro que habían vertido varios tractores dedicados a labores de limpieza en una granja próxima, sobre un firme mojado por la lluvia. La moto de Cristóbal y Maika derrapó y sus cuerpos salieron despedidos contra el quitamiedos. Como una gillotina, la bionda seccionó el brazo derecho del joven a altura del hombro, pero su novia tuvo peor suerte. Maika, que iba de 'paquete', murió sobre el asfalto, tras perder la pierna izquierda.
Entre el colectivo de moteros, los protectores metálicos que acabaron con la vida de Maika y dejaron malherido a su novio se conocen como 'guardarraíles asesinos' y su erradicación constituye una de las historicas reivindicaciones de los aficionados a las dos ruedas. Desde mediados de la década pasada, las instituciones adquirieron el compromiso de proteger las biondas clásicas con un refuerzo para evitar que sus soportes actuasen como cuchillas. El Ministerio de Fomento aprobó en 2008 un plan para instalar 11.000 kilómetros de barreras de seguridad hasta 2012, con una inversión de 626 millones de euros. Sin embargo, los motoristas denuncian que este plan está paralizado por la crisis: si bien «es verdad que se hizo un esfuerzo importante hasta 2010», a partir de ese año el Ministerio de Fomento «ha parado en seco» la inversión para garantizar la seguridad de los guardarrailes para los motoristas, cuyo cuerpo es su propia carrocería.
«Tendríamos que tener ya unos 3.000 km de guardarraíles seguros en la red estatal y, en realidad, habrá alrededor de 1.500 km», explica el presidente de la asociación Mutua Motera, una de las más beligerantes en este asunto. Además, según Juan Manuel Reyes, las autoridades ministeriales apenas han cumplido con los kilómetros prometidos en el primer Plan de Protección para Motociclistas, que debería haberse desarrollado entre 2005 y 2008. «No se han adoptado medidas a corto plazo eficaces», concluye.
En Euskadi, tras una multitudinaria protesta que se realizó en 33 ciudades españolas bajo el lema 'No más vallas, no más trampas', las tres diputaciones vascas -que tienen transferidas las competencias en este ámbito- adoptaron en 2005 el compromiso de cumplir la orden circular de Fomento que obliga, en carreteras estatales, a instalar los pretiles seguros en curvas y tramos de mayor peligrosidad, en virtud de una serie de determinaciones técnicas. Aunque los motoristas reconocen que en Euskadi «se respeta» esta disposición y la situación es «mejor» que en otras comunidades, a su juicio no es suficiente. «El problema es que los accidentes no se producen únicamente en las zonas consideradas peligrosas. Si por un descuido, por un choque contra otro vehículo o porque el pavimento está resbaladizo, puedes empotrarte contra el guardarraíl en una recta», apunta Juan Soroa, uno de los portavoces de Mutua Motera en el País Vasco.
En definitiva, los aficionados abogan por instalar guardarraíles seguros en toda la red viaria porque «los que hay en la actualidad protegen únicamente a los conductores de coches, es decir, solo a uno de los colectivos que circulan por la carretera». Se sienten discriminados en materia de seguridad vial. Soroa reconoce que eliminar todos los puntos peligrosos es un objetivo «utópico» que quizá no vean hasta dentro «de 15 ó 20 años» y más difícil de cumplir en época de vacas flacas. Según recuerda, un metro lineal de guardarraíl convencional cuesta unos 25 euros, la mitad que el considerado seguro por los motoristas. Pero, a su juicio y el de otros expertos, la inversión compensa. Según un estudio del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) y Linea Directa, las cifras de mortalidad en motoristas por salida de vía se multiplica por dos con este tipo de biondas.
«Gran esfuerzo»
Las diputaciones vascas, por su parte, sostienen que han hecho los deberes y que han realizado desde 2006 un «gran esfuerzo» para llevar a la práctica la orden de Fomento en las carrteras principales, en todos aquellos tramos que se ajustan a las indicaciones que marca el texto legal, sobre todo en carreteras de nueva construcción. «Pueden quedar tramos puntuales en algunas vías secundarias, pero en líneas generales se han eliminado», apuntan fuentes de la institución foral vizcaína. A juicio de un portavoz de la Diputación guipuzcoana -que en los últimso cinco años ha colocado 61.600 metros líneales de biondas seguras-, implantar estas estructuras en toda la red viaria sería «un despilfarro de dinero público, aparte de un retroceso para llevar a cabo otras operaciones de vialidad invernal».
Porque, como recuerdan fuentes de la institución foral alavesa, los guardarraíles dobles constituyen un «serio problema» a la hora de despejar la calzada de nieve, puesto que impiden el vertido a la cuneta. Por lo demás, «en este territorio, el problema no existe desde hace tres años. Se han colocado todos los que hacían falta para garantizar la seguridad de los motoristas», asegura un portavoz.
El presidente de Mutua Motera asegura que dos de cada diez motoristas que mueren en un accidente de tráfico lo hacen tras estrellarse contra un guardarraíl, por lo que calcula que si estos sistemas se adaptasen, podría evitarse cada año el fallecimiento de 120 personas. «El Gobierno racanea recursos porque cree que es algo accesorio en lugar de verlo como problema de salud pública», concluye Reyes.
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