Los datos estadísticos que no son tan concluyentes como el porcentaje parece indicar ya que el mismo fue encargado tras desvelarse un escándalo de corrupción que ha llevado a los tribunales a un funcionario público por aceptar sobornos a cambio de promover la adjudicación de las instalación de cámaras a una empresa en concreto.

El estudio dista mucho de ser científicamente valido. Los periodos de tiempo analizados no son correctos porque las cámaras fueron instalándose de forma progresiva y no por años. Los datos relativos a la situación previa a su instalación tampoco son rigurosos pues solo se toman los del año anterior.

Pero la cifra del 40% de incremento de accidentes está ahí, y los ayuntamientos que como el Madrid están promoviendo la instalación masiva de estos dispositivos, deberían realizar estudios previos para comprobar su efecto real sobre la siniestralidad.

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