Esto supone 21 víctimas más que el año pasado por las mismas fechas y 12 más que en el conjunto de 2015. Esas 12 muertes supone el mayor incremento en dos décadas, rompiendo con los descensos que lograron tocar mínimos entre los años 2012 y 2015.

Aunque habrá que esperar a las cifras oficiales que se presentarán en enero, los 21 muertos suponen el incremento más importante de la siniestralidad de las diferentes provincias españolas. Andalucía le sigue con 16 víctimas más y la mayor cifra de muertes en términos absolutos (185). A estas dos le siguen los incrementos constatados de Galicia, Aragón, Asturias o Baleares.

Con este problema en ciernes, la Generalidad ha presentado un plan director de seguridad vial. Por primera vez seis conselleriras catalanas se implicarán en abordar una serie de medidas conjuntas con el fin de que el número de fallecidos se reduzca en un 30% antes de 2020. Esta iniciativa se plasmará en un decálogo que se hará público en pocos meses.

Enrique Casquero, jefe del Servicio de Seguridad Vial de la Generalitat, adelantó que se intentará forjar a los conductores desde la infancia, incorporándolo a la enseñanza obligatoria, entre otras medidas.

También se contempla el mayor control de la venta de vehículos de segunda mano para evitar que lleguen al mercado sin haber pasado la ITV. Y se especula con medidas para reducir el tiempo de reacción de los equipos de emergencias sanitarias o ampliar los sistemas de separación en las carreteras de doble sentido. Por no hablar de los nuevos planes generales de ordenación urbana.

La Generalidad ha habilitado un buzón para que todos los ciudadanos puedan realizar sugerencias o mejoras en la web que se lanzará para informar del nuevo plan.

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