Tras la sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del Tribunal Supremo en que declara abusiva la cláusula en la que el BBVA impone al prestatario el pago de todos los gastos, tributos y comisiones derivados del préstamo hipotecario, se abre una nueva vía de justicia para los usuarios que cuentan con hipotecas en nuestro país.
La sentencia determina que este tipo de cláusulas generan un desequilibrio y por tanto, se consideran abusivas, de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
¿Qué gastos, tributos y comisiones sí se pueden reclamar?
Partiendo de la base de que solo se puede pedir la restitución de los gastos correspondientes a la formalización de la hipoteca, y no de la compraventa, serán objeto de reclamación los siguientes:
- Facturas de Notaría y Registro de la Propiedad. El Tribunal Supremo dice en su sentencia que estos gastos debería haberlos asumido el Banco dado que, en realidad, dichos gastos van dirigidos a asegurar la recuperación del dinero prestado y por tanto únicamente benefician a la entidad financiera.
Al no permitirse una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, haciendo recaer su totalidad sobre el deudor, se genera un desequilibrio al consumidor, por lo que la cláusula es abusiva.
- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Tribunal Supremo entiende que en referencia al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el sujeto pasivo es el Banco o Entidad prestamista. y no el prestatario o deudor hipotecario, por lo que procede la restitución al consumidor.
¿Cuál es la forma de proceder si la escritura contiene una cláusula por la que se atribuyen al consumidor todos los gastos, comisiones y tributos del préstamo con garantía hipotecaria?
A pesar del carácter abusivo de esta cláusula y de la misma forma que sucede con las cláusulas suelo, el consumidor afectado tiene que pedir al banco la devolución de estas cantidades. Si éste se niega, no queda más remedio que acudir a la vía judicial para exigir el reintegro de las cantidades cobradas de forma abusiva por parte de las entidades financieras.
En primer lugar deberá de hacerse una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente del Banco o Entidad con quien se contrató el préstamo hipotecario.
Transcurridos dos meses desde dicha reclamación, haya contestado o no el Servicio de Atención al Cliente y siempre que la respuesta, en caso de haberla, haya sido negativa, se podrá proceder a interponer la correspondiente demanda judicial.
A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, ya han sido múltiples los Juzgados que han resuelto a favor de los consumidores, obligando al banco a devolver los gastos abonados (notariales, registrales e impuesto de actos jurídicos documentados)
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