La proposición de Ley contemplaba una serie de medidas encaminadas a fomentar la electrificación del transporte por carretera. La principal novedad residía en la eliminación de barreras que impiden el normal desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país.

La propuesta incluía la simplificación de la figura del gestor de carga, un plan de ayuda, una apuesta por la recarga pública, bonificación del 100% del impuesto de vehículos de tracción mecánica y la reducción de los costes fijos de los puntos de recarga rápida. Para lograrlo se solicitaba una partida de 20 millones de euros anuales.

Pero el Gobierno ha remitido al Congreso un escrito en el que se opone a la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley, alegando que “La aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación”.

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