La falta de entendimiento entre Scutum, Rieju, Volta y Torrot ha llevado a la cancelación del proyecto. A pesar de ello, la Generalidad considera que se ha logrado el objetivo principal de reactivar la fabricación de motos en Cataluña.

 El convenio firmado en diciembre de 2015 por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y las cuatro empresas había creado un consorcio que debía permitir fabricar y comercializar un 'scooter' eléctrico a partir de 2017, con el objetivo de dotar a las diferentes flotas de los organismos públicos.

Unas flotas que podrían suponer la adquisición de 10.000 unidades de un modelo con potencia similar a una 125 cc y precio en torno a los 4.000 euros.

El proyecto iba a ser financiado mediante un crédito de tres millones de euros de la Generalidad destinado al ensamblaje y pruebas de homologación, y otros siete millones destinados a los cuatro fabricantes. Pero el dinero nunca salió de las arcas de la Generalidad.