Entre los compromisos más importantes figura el incremento de inversión en infraestructuras y carreteras, la nueva movilidad eléctrica, la seguridad vial o una normativa que tenga en cuenta los vehículos autónomos.

La conducción autónoma exige cambios en la normativa sobre seguridad y emisiones contaminantes, y presenta desafíos legales y éticos que deben ser resueltos antes de su plena implantación comercial. La responsabilidad de los accidentes de tráfico, o las elecciones éticas que deberá realizar la “inteligencia artificial” de dichos vehículos en caso de realizar una maniobra de emergencia, son cuestiones cruciales que necesitan una visión común de los diferentes estados.

Además se debe velar porque la tecnología sea “accesible y utilizable” para todas las personas, incluidos los discapacitados y los usuarios con menores ingresos.

Finalmente, se desarrollarán directrices pertinentes sobre ciberseguridad y protección de datos de los usuarios de vheículos autónomos y conectados que deberán ser cumplidas por los fabricantes, operadores y proveedores de medios de transporte.

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