En la Memoria se insiste en la necesidad de aprobar una ley integral de seguridad vial que ponga un límite al coste moral y económico (próximo al 1% del PIB) de los siniestros. Un coste que pone en juego el desarrollo económico de los núcleos de población.

También se aboga por realizar un estudio jurídico del peatón y del ciclista para determinar su integración en la vialidad de las ciudades.

A todo ello se suma el ruego por una mejora de las vías, señalización y alumbrado, una reducción de los límites de velocidad y por incentivar la mejora del estado de los vehículos.

Finalmente reclama más educación vial como la única estrategia de largo plazo para disminuir las tragedias que se viven a diario en las vías públicas. Una educación que debe ser integral, permanente y ajustada a los últimos avances de la tecnología, con el acento puesto en la ecología y la eficiencia. Solo así se incrementará la percepción del riesgo.

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