Los agujeros que deja la crisis en las carreteras son visibles. Baches, socavones, señales que han perdido el color y son imperceptibles de noche, pintura gastada sobre el asfalto... Volver a Madrid desde Santo Tomé del Puerto por la A-1 es darse de bruces con una zona de obras para pasar luego a una carretera irregular en la que es necesario circular con mucha precaución por la cantidad de baches. El trayecto se hace más peligroso si se circula en motocicleta por el carril derecho. Es necesario reducir la velocidad a cada instante para evitar las grietas y las ondas generadas en el asfalto por el continuo tránsito de camiones.

Según el panorama que dibujan usuarios y empresas del sector de la conservación, las carreteras españolas —autonómicas y estatales— se alejan de las llamadas forgiving roads, es decir, carreteras que perdonan. Este concepto busca diseñar las vías para compensar los errores humanos o mecánicos y reducir las consecuencias de los accidentes.

“Hace 10 o 15 años solo se echaba la culpa a los conductores. Ahora se trabaja mucho más en repartir las culpas”, afirma De la Peña. “Siempre se espera a que la carretera se deteriore mucho antes de repararla. Es nuestro deber transmitir que las carreteras tienen un valor que nos pertenece a todos. Las hemos pagado con impuestos. Hay que conservarlas periódicamente. El mantenimiento puede evitar accidentes”.

Expertos consultados por este periódico señalan que informes como el de la AEC son de parte, que conviene matizarlos bastante y que “mucho tendrían que estropearse las carreteras para que subiera la siniestralidad”. “La reducción de los presupuestos de los contratos puede no ser bien aceptada por las empresas del sector, que verán reducida su facturación”, dice un portavoz de Fomento, “pero estas compañías habían mantenido sus contratos inalterados en los últimos años”. El ministerio asegura que está analizando con las empresas cómo mantener la eficiencia de la Red de Carreteras con menos dinero.

A la crisis hay que sumar a veces la desidia de las Administraciones. La Asociación de motoristas Mutua Motera describió en un informe de 2010 los problemas de la carretera de Sierra Nevada. En él se denunciaba la situación del kilómetro donde un conductor en 2010 y luego Marta Jorgoso en 2011 tuvieron sendos accidentes.

Juan Manuel Reyes, de Mutua Motera, explica que las víctimas renuncian a reclamar ante las trabas que les ponen las Administraciones. El Código Penal establece penas de prisión de hasta dos años para quienes “no restablezcan la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo”.

La familia de Marta Jorgoso denunció a la Junta de Andalucía penalmente, pero el juez archivó las diligencias. La familia ha presentado a la Junta una reclamación de responsabilidad patrimonial. La Consejería de Obras Públicas no comenta el caso y remite a la decisión judicial. Aun así, asegura que no hubo desidia y que se invirtió el tiempo necesario para recolocar los bloques de cemento en el viaducto: siete meses después del primer accidente, dos semanas después de la muerte de Jorgoso.