Así lo recoge el estudio `Multas de Tráfico, ¿recaudación o reeducación?´, en el que se hace hincapié en que el incremento se ha producido a pesar de un descenso de la movilidad y del estancamiento del parque de vehículos.
Del estudio se desprende que los Ayuntamientos sancionan hasta 6 veces más que la DGT, hasta alcanzar el 75 % del total de las multas de tráfico, lo que equivale a 26 millones de multas al año.
Aunque desconocedores de las cifras exactas los españoles tienen una opinión muy clara sobre la nueva vertiente que han adquirido las sanciones. EL 92% considera que tienen una intención eminentemente recaudatoria y solo un 20% cree que las multas contribuyen a reducir la siniestralidad. Además se cita a la “indefensión a la hora de recurrir” como el principal hándicap de las sanciones, pues solo el 8 por ciento considera que hay garantías para reclamar y el 70 por ciento se acoge a la reducción por prontopago ante una querella que ven complicado ganar.
Finalmente, existe un 98 por ciento de españoles partidarios de que la Administración destine el dinero recaudado a mejorar la seguridad vial, algo a lo que la DGT está obligada por ley, pero no así los Ayuntamientos.
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